La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó con 91 votos a favor, la iniciativa de ley de Reformas y Adiciones a la ley número 501 “Ley de Carrera Judicial” y ley número 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial”, reformas que reconoce al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS como el único ente del país encargado de la seguridad social, las jubilaciones y esta modificación suprime, por ello, un Fondo de Pensiones de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, incorporados en la Carrera Judicial como magistrados, jueces, y magistrados de tribunales de apelaciones.
La reforma instituye la creación del Instituto de Capacitación y Documentación Judicial.
La diputada María Auxiliadora Martínez Corrales, presidenta de la Comisión, explicó que esta reforma “permitirá ordenar y organizar de mejor manera la actividad propia del Poder Judicial y actualizar el cuerpo normativo de acuerdo a las competencias establecidas. El Estado de Nicaragua ha venido desarrollando un proceso de actualización del marco jurídico del país, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad jurídica y actualizar todo el sistema jurídico vigente. Es necesario dar a la entidad encargada de la Seguridad Social del país la incidencia que corresponde para utilizar ese derecho consagrado que comprende la cobertura integral en profundidad y diversidad de las múltiples contingencias vitales que se presentan”.
Sobre esto, el diputado Carlos Emilio López, explicó que esta ley fortalece el Estado democrático y social de derecho y evidencia que el Estado de Nicaragua se guía por los principios de justicia social, jurídica, equidad, igualdad y el respeto a los principios de supremacía constitucional y absoluta observancia y el respeto al sistema único de Seguridad Social.
“Esta ley consolida lo que el Estado nicaragüense ha venido haciendo en los últimos años en cuanto a ordenar, sistematizar, modernizar y hacer más coherente, eficiente y eficaz el actuar de la administración pública, con el propósito de restituir los derechos del pueblo. La ley de carrera judicial tiene por objeto garantizar la gestión administrativa y financiera del Poder Judicial y regular la carrera judicial establecida en la Constitución Política para la pronta y correcta administración de Justicia, así como el régimen disciplinario de ese poder del Estado. Esta ley establecía algunas disposiciones de Seguridad Social, materia que no es competencia del Poder Judicial, recordemos que esta ley fue aprobada en el año 2005”, señaló el diputado López.
“Hoy en estos nuevos tiempos estamos reorganizando el Estado bajo los principios de igualdad y universalidad de derechos, en este caso, todos los asuntos de Seguridad Social pasan al sistema único de Seguridad Social, rectorados por su órgano competente y especializado en esta materia, que es el Instituto de Seguridad Social. Esta ley asegura que todos los funcionarios incorporados a la carrera judicial gozarán del derecho a una jubilación digna de acuerdo a la ley de Seguridad Social y a todos los demás derechos y beneficios otorgados por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, por lo tanto, con esta ley se mejora la cobertura e integralidad del Seguro Social”, refirió.
“Otras disposiciones de esta ley es que se oficializa el Instituto de Altos Estudios Judiciales, digo esto porque el Instituto ya existe en la práctica y es reconocido por el Consejo Nacional de Universidades; esta institución se encarga de formar a los operadores del sistema de Justicia como jueces, magistrados, defensores públicos y con esto se contribuye a la calidad profesional y la calidad del sistema de Justicia y por último, con esta ley que estamos aprobando el día de hoy, se fortalece la transparencia en las actuaciones de todos los servidores judiciales y se consolida el precepto constitucional de la gratuidad y la calidad de la justicia”, aseveró López.
Por su parte, el diputado Edwin Castro, resaltó que "esta ley viene en la lógica de ir desarrollando el proceso de consolidación, de transformación, de actualización del marco jurídico nacional que nos garantice una seguridad jurídica en nuestro sistema judicial y este dictamen fue ampliamente discutido en la Comisión, en donde todos sus integrantes estuvieron de acuerdo con los alcances de esta reforma, fue firmado por unanimidad”, culminó Castro.
