Durante 16 años Nicaragua vivió bajo un modelo neoliberal que prometió modernidad, crecimiento y democracia, pero que terminó dejando un país golpeado por la pobreza, la migración, el desempleo y el abandono estatal. Hacia el año 2006, más de cuatro millones de nicaragüenses sobrevivían bajo condiciones de pobreza y miles de familias dependían de las remesas enviadas desde Costa Rica y Estados Unidos para poder sostenerse.
Los políticos corruptos de aquellas fallidas administraciones desmontaron instituciones públicas, privatizaron sectores estratégicos y redujeron la inversión social mientras millones de personas sobrevivían entre apagones, salarios miserables y un costo de vida cada vez más difícil de soportar.
El país entró en una etapa donde el mercado sustituyó al Estado y donde las grandes decisiones nacionales comenzaron a tomarse lejos de las necesidades reales del pueblo.
El desempleo y subempleo afectaban a una gran parte de la población económicamente activa, mientras miles de jóvenes abandonaban el país buscando trabajo en Costa Rica y Estados Unidos. La falta de oportunidades, el deterioro económico y la ausencia de inversión social empujaban a miles de familias a sobrevivir como podían en medio de una creciente incertidumbre nacional.
La crisis también se reflejaba en el sistema de salud pública. Mientras en 1989 el Estado invertía alrededor de 35 dólares anuales por persona en salud, para el año 2005 la inversión había caído a apenas 16 dólares por habitante. La compra de medicamentos también sufrió un desplome severo, pasando de 45 millones de dólares en 1990 a cerca de 12 millones en 2005. Los hospitales públicos trabajaban entre carencias, infraestructura deteriorada y falta de insumos básicos, mientras miles de familias tenían que costear tratamientos y medicinas con recursos que simplemente no tenían.
La educación tampoco escapó al abandono. Más del 70 por ciento de las escuelas públicas no reunían las condiciones mínimas para funcionar y miles de estudiantes recibían clases en aulas deterioradas, sin energía eléctrica y con enormes carencias materiales.
El analfabetismo seguía afectando a cientos de miles de nicaragüenses y el gasto anual por alumno pasó de 84 dólares en el año 2000 a cerca de 73 dólares en 2005. Mientras tanto, los maestros sobrevivían con salarios incapaces de cubrir la canasta básica, igualmente en las zonas rurales el poder estudiar se había convertido para muchas familias en un sacrificio casi imposible.
El neoliberalismo también desmontó buena parte de la estructura económica y productiva nacional. Hicieron desaparecer las instituciones que apoyaban al campesinado, mientras que a miles de pequeños productores los dejaron prácticamente abandonados, sin crédito, sin asistencia técnica y sin respaldo del Estado. El Banco Nacional de Desarrollo fue cerrado, el Instituto Nacional de Tecnología Agraria debilitado y el campo quedó sometido a una lógica donde sobrevivía únicamente quien pudiera resistir solo. Es por eso que miles de familias rurales dependían cada vez más de las importaciones y las remesas.
En esos años de desgobierno liberal también se aceleró la privatización de empresas y recursos públicos. Aeronica desapareció, el Ferrocarril del Pacífico fue desmantelado y sectores estratégicos pasaron a manos privadas y transnacionales.
Más de 400 millones de dólares en bienes y patrimonio público terminaron transferidos durante el proceso de privatizaciones impulsado en los años noventa. La telefonía, la energía y otros servicios dejaron de responder a una visión nacional y comenzaron a funcionar bajo la lógica del mercado. Incluso el agua potable comenzó a verse como negocio y no como derecho humano, mientras crecían las denuncias sobre corrupción, privilegios económicos y concentración de riqueza en pocas manos.
Las ciudades reflejaban igualmente aquel deterioro nacional. Managua sufría largas horas de apagones diarios, el sistema vial estaba destruido y amplias zonas urbanas crecían sin planificación ni inversión pública suficiente. Muchas familias pasaban días enteros sin agua potable y el alcantarillado sanitario era prácticamente inexistente fuera de la capital. Nicaragua avanzaba lentamente mientras aumentaba la desigualdad y el desencanto social con una clase política incapaz de ofrecer soluciones reales a la mayoría de la población.
Ese escenario comenzó a cambiar el 5 de noviembre de 2006, cuando el pueblo nicaragüense decidió poner fin a 16 años de neoliberalismo y devolverle el poder al Frente Sandinista.
A partir de entonces, Nicaragua inició una nueva etapa marcada por la restitución de derechos, la recuperación del papel del Estado y la ejecución de programas sociales, educativos, productivos y de infraestructura que transformaron profundamente el país. Volvieron la salud gratuita, la educación pública, los programas de viviendas, las carreteras, los hospitales, los proyectos de agua potable, la electrificación nacional y las inversiones orientadas al desarrollo humano.
Diecinueve años después, Nicaragua es otra. Donde antes hubo apagones diarios y una cobertura eléctrica inferior al 55 por ciento, hoy el país supera el 99 por ciento de electrificación nacional.
Las buenaa nuevas surgieron con miles de kilómetros de carreteras, nuevos hospitales, escuelas y proyectos productivos; donde millones sobrevivían sin esperanza hoy existe estabilidad, crecimiento económico, programas sociales y una visión de nación enfocada en el bienestar de los más vulnerables.
El contraste entre ambos modelos quedó definido: de un lado, los años del desmontaje, la privatización y la miseria; del otro, una etapa de reconstrucción, inversión social y restitución de derechos impulsada por la Compañera Rosario, el Comandante Daniel y el Frente Sandinista, en esta Nicaragua Cristiana, Socialista y Solidaria, donde el pueblo es Presidente.
