En  la revista En Vivo con Alberto Mora de Canal 4, el Comisionado Mayor Julio Orozco, director del Sistema Penitenciario, y el Comisionado Venancio Alaniz, subdirector del Sistema Penitenciario, abordaron las profundas transformaciones que ha experimentado el Sistema Penitenciario en Nicaragua desde el triunfo de la Revolución Sandinista.

El Comisionado Orozco destacó la importancia histórica de este cambio: "Es importante destacar que el Frente Sandinista, con el triunfo de la Revolución, fundó el Ministerio del Interior y, con ello, el Sistema Penitenciario Nacional. En aquellos tiempos, no existían cárceles como tal que brindaran un tratamiento respetuoso de los derechos humanos; más bien, lo que había era discriminación y tortura, entre otras violaciones".

Con la llegada del Frente Sandinista al poder, se inició un proceso de creación de nuevas instituciones penitenciarias. Orozco explicó: "Se construyeron cinco centros penitenciarios en Granada, Chinandega, Estelí, Matagalpa y Juigalpa, con el objetivo de mejorar la aplicación del tratamiento reeducativo a los presos y presas".

Sin embargo, Orozco también hizo hincapié en los desafíos que enfrentó el sistema tras la pérdida de las elecciones en años posteriores. "Se produjo una atomización de toda la infraestructura y el personal penitenciario. En 2007, tras ganar las elecciones, se constató que el sistema penitenciario contaba con 1,014 funcionarios a nivel nacional, lo que significaba un abandono total; no había tratamiento educativo ni actividades de reinserción. Las cárceles estaban convertidas en bodegas, donde solo se abrían y cerraban las celdas. Los presos eran trasladados en camionetas pequeñas, con una celda improvisada arriba, similar a cómo se transportan a los animales en un circo".

El panorama ha cambiado drásticamente desde entonces. "Era un abandono absoluto. Sin embargo, tras el triunfo del Frente Sandinista, se inició una reestructuración del sistema penitenciario, mejorando la infraestructura y las condiciones generales. Se obtuvo una nueva flota vehicular y ahora los presos son trasladados en microbuses, garantizando condiciones de seguridad tanto para ellos como para los custodios", afirmó Orozco.

Uno de los aspectos más destacados de la reestructuración ha sido la mejora de las condiciones de vida en las cárceles. "Se amplió la infraestructura con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles, para que los presos puedan estar cómodos en sus celdas, con colchonetas y camas adecuadas. En cuanto a la situación de género, había un abandono total; por ejemplo, en Veracruz, una cárcel estaba en condiciones deplorables. Se construyó el penal de mujeres en Tipitapa, que cuenta con una casa de maternidad donde las mujeres pueden estar con sus bebés recién nacidos, brindando condiciones adecuadas para su bienestar".

El Comisionado también destacó las mejoras en los regímenes penitenciarios. "Los hombres también se encuentran en mejores condiciones; en las prisiones de León y Bluefields se construyó un régimen abierto y semiabierto. Cada nuevo centro penitenciario construido ya cuenta con esta infraestructura, que es esencial para el tratamiento penitenciario de los reos, incluyendo programas de adaptación laboral y convivencia familiar, que son grandes logros alcanzados".

Hoy en día, el sistema penitenciario nicaragüense está integrado en los planes de desarrollo del estado. Orozco recalcó: "Actualmente, el sistema penitenciario está incluido en los quinquenios de desarrollo del estado, en un plan de desarrollo humano. De hecho, el sistema ha estado incluido en tres quinquenios, lo que ha permitido ver mejoras significativas. Anteriormente, era un sistema marginado y aislado, sin perspectivas de cambio. La convivencia familiar aplicada a los presos y presas ha mejorado notablemente el respeto a los derechos humanos".

La Constitución Política de Nicaragua también respalda estos cambios. "La Constitución establece en el artículo 39 que el sistema penitenciario debe ser humanitario y que se deben respetar los derechos humanos, siendo la salud primordial. Nuestro Buen Gobierno, junto con el Ministerio de Salud, Educación, el INATEC y todas las instituciones del estado involucradas en el desarrollo humano, están inmersos en la política de tratamiento impulsada por nuestro gobierno, en pro de la educación y la salud".

Este panorama renovado sugiere un compromiso por parte del gobierno nicaragüense no solo con la rehabilitación de los presos, sino también con el respeto y la promoción de sus derechos humanos, marcando así un camino hacia un futuro más humano y justo en el sistema penitenciario del país.

Rehabilitación y reinserción

En esta misma línea, sobre las transformaciones del Sistema Penitenciario en Nicaragua, el Comisionado Venancio Alaniz, subdirector del Sistema Penitenciario, destacó el enfoque en la rehabilitación y reinserción de los internos. Durante su participación, subrayó la importancia de la interacción constante con la población penal y sus familias: "Existe una interacción permanente con la población penal y las familias que visitan el centro. También me refiero al tratamiento educativo y la reinserción a la educación formal, desde la alfabetización primaria y secundaria hasta la universidad, además de contar con educación técnica".

Alaniz enfatizó que estos esfuerzos están respaldados por el Ministerio de Educación y el INATEC: "Todo esto está certificado a través del Ministerio de Educación y el INATEC, con cursos técnicos que son parte de la reinserción de los presos y las presas, para que adquieran herramientas que les permitan integrarse a la sociedad de una manera diferente y evitar la reincidencia". Además, se brinda apoyo a las familias mediante información accesible: "Se les brinda, dentro de los servicios a la familia, información a través de la página web sobre las visitas y la programación".

El subdirector explicó que estas políticas han contribuido a la estabilidad en los centros penitenciarios: "De manera general, así estamos integrados, lo que permite que nuestra población penal tenga tranquilidad y estabilidad, y que haya gobernabilidad en nuestras prisiones". Destacó que estas mejoras comenzaron a fortalecerse a partir de 2007, con el retorno al poder del Comandante Daniel y la Compañera Rosario: "Esto garantiza la restitución de los derechos de los presos y las presas, ya que anteriormente las condiciones eran completamente inhumanas".

Alaniz lamentó la falta de atención en años pasados: "Los gobiernos neoliberales nos dejaron en un abandono total; no había capacitación ni preparación para los presos, las presas o los funcionarios". Sin embargo, subrayó los avances logrados desde entonces: "Esto nos ha permitido, hoy en día, dar un gran salto y avance. Hemos tenido hombres y mujeres que llegaron analfabetos y que hoy han salido en la primera promoción como profesionales".

El compromiso con la educación es evidente, y el subdirector mencionó las instituciones que colaboran en este esfuerzo: "Estamos colaborando con la Universidad Nacional Agraria y las universidades de la Costa Caribe, trabajando para incorporar a la educación superior a estos hombres y mujeres". Actualmente, se estima que en educación técnica hay un promedio de 4,500 presos y presas, mientras que en educación formal hay aproximadamente 4,800.

Además, Alaniz informó que un significativo número de internos participa en actividades productivas: "Un promedio de 5,000 presos están integrados en trabajos socialmente útiles, donde participan en diferentes labores de servicios generales, panadería, costura, corte y confección". Muchos de ellos han recibido capacitación técnica y se han integrado al mercado laboral: "Algunos han recibido cursos de capacitación técnica y luego se integran a ejercer la labor que han aprendido a través del INATEC".

El compromiso con el desarrollo de la población penal es claro, ya que "normalmente, un 75 por ciento de la población está involucrada en actividades laborales, educativas, formales y de educación técnica". Estos esfuerzos demuestran un cambio significativo en el enfoque del sistema penitenciario, centrado en la rehabilitación y reinserción social, buscando no solo la justicia, sino también el bienestar de los internos y sus familias.

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