Siempre ha habido una brecha irreparable entre la hipotética alta moralidad de la cultura occidental y su práctica habitual de pillaje y masacre alrededor del mundo. Sin embargo, con la derrota de la Alemania Nazi y el imperio de Japón en 1945, los poderes occidentales establecieron la Organización de las Naciones Unidas y lo manejaron para prestar un barniz de legitimidad a una nueva fase de su imperialismo. Ahora, hay un amplio consenso alrededor del mundo que el apoyo occidental al genocidio de Israel contra el pueblo palestino y ahora el brutal secuestro ilegal del presidente de un país pacífico demuestran el efectivo colapso del derecho internacional.
La criminal agresión norteamericana contra Venezuela expresa de manera especialmente dramática la aguda crisis de la legitimidad en las relaciones internacionales y la crónica irrelevancia de las Naciones Unidas. Hace poco el destacado economista Michael Hudson explicó una realidad fundamental de la historia contemporánea cuando comentó que cuando aparentemente derrotaron el fascismo en 1945, en verdad los gobiernos occidentales lo rescataron. Junto con los demás pueblos del mundo mayoritario, los pueblos de América Latina y el Caribe han sido testigos de esa profunda verdad en carne propia durante ochenta años.
En ese tiempo y hasta la fecha, la unión fascista del poder corporativo y el poder estatal norteamericano, ha significado constante interferencia y repetidas intervenciones en nuestros países, siempre desplegado con el disfraz de su falsa ideología hipócrita de la democracia electoral, los derechos humanos y el mercado libre. Por medio de su poder económico, político-militar y mediático, las élites gobernantes norteamericanas, lograban imponer la ficción de la legitimidad de su poder aun durante los más sádicos episodios de dictadura por sus brutales aliados locales en la región desde Trujillo y Duvalier en el Caribe hasta Videla y Pinochet en el Cono Sur. Sin embargo, la base de la auténtica legitimidad no es el aplastante poder de fuego o el incuestionable dominio financiero, sino la repartición equitativa y justa de los derechos y deberes entre los países del mundo de manera consensuada y voluntaria.
Aparte de sus notorias agresiones militares de los últimos veinticinco años, que ahora incluyen el ataque a Venezuela, la práctica norteamericana y sus aliados ha sido de persistentes y progresivamente mayores provocaciones para lograr algún u otro cambio de gobierno y para desgastar a sus contrincantes principales China y Rusia. Se despliegan innumerables medidas coercitivas unilaterales, intensas ofensivas mediáticas y diplomáticas, sistemáticas acciones de desestabilización interna e, incluso, sabotaje y terrorismo directo. Con el avance del declive de su poder económico y político-militar relativo a China y Rusia, las élites oligarcas occidentales han actuado con más y más desesperación, de la cual, en su política exterior, la agresión forajida contra Venezuela es la más reciente expresión.
Esta misma desesperación también se refleja en la pérdida de legitimidad interna a nivel nacional de las autoridades norteamericanas y europeas, de su sistema de mal gobierno y de sus perversos sistemas de injusticia. En el caso norteamericano, el despliegue en varias ciudades del país de agentes federales armados ha provocado notorios episodios de brutalidad contra la población civil. Los más recientes incidentes han sido la ejecución extrajudicial en plena calle en Minneapolis, sin la más mínima justificación, de una ciudadana norteamericana por un agente de la Fuerza de Control de Migración y Aduana (ICE). El siguiente día en Portland, estado de Oregon, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hirió con disparos a dos personas durante una parada rutinaria de vehículos. Los respectivos alcaldes de Minneapolis y Portland han condenado fuertemente la violencia letal fuera de control en sus ciudades de estos agentes federales.
En Europa, aunque no se han reportado víctimas de violencia oficial con armas de fuego contra la población, los niveles de extrema represión de libertad de expresión son cada vez más comunes. En Inglaterra, a personas que protestan contra el genocidio sionista en Palestina se aplica la ley anti-terrorista del país. En noviembre del año pasado un grupo de ocho personas presas bajo esa ley, iniciaron una huelga de hambre. Cinco decidieron dejar su huelga por motivos de riesgos de salud, pero tres siguen y ya llevan más de 60 días sin comer. No ha habido esta clase de desafío moral a la criminalidad del gobierno británico desde la muerte del republicano irlandés Bobby Sands en 1981 después de 66 días de huelga de hambre junto con otros 9 compañeros republicanos presos bajo el régimen de Margaret Thatcher. Por supuesto, los medios británicos suprimen la noticia.
De similar significado en el colapso moral del Occidente colectivo es el caso del coronel en retiro del ejército suiza, el compañero Jacques Baud, destacado autor y comentarista sobre temas militares y la geopolítica. El Consejo de la Unión Europea acusa al Coronel Baud de haber difundido propaganda rusa aunque lo que ha escrito y comentado sobre la guerra de la OTAN en Ucrania se ha basado exclusivamente en fuentes europeas, ucranianas y norteamericanas. Contra toda norma que protege la libertad de expresión, el Consejo de la Unión Europea ha emitido un decreto ejecutivo que priva al Coronel Baud de todos sus derechos civiles, le prohíbe viajar y congela su cuenta bancaria, dejándolo dependiente de amistades para poder adquirir alimentos. Ya que no ha habido ningún proceso judicial, el único remedio legal parece ser un largo proceso en la Corte de Justicia Europea.
La censura, el abuso de leyes contra el terrorismo y la criminalización de la legítima libertad de expresión empeoran todavía más la crisis de legitimidad de los países occidentales. Es una crisis ya evidente en la decisión antidemocrática de casi todos los gobiernos europeos de priorizar la militarización de sus economías por encima de las necesidades básicas de sus poblaciones. Entre los elementos socioeconómicos más urgentes de la crisis en Europa y Norteamérica son el acceso a viviendas a precios asequibles, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el costo exagerado de la energía para las residencias familiares y para las instalaciones empresariales. A nivel general se aumenta progresivamente la notoria desigualdad entre las mayorías y las élites y lo que parece ser un crónico declive en la competitividad de las economías europeas más importantes, como las de Alemania, Francia e Italia.
En América Latina y el Caribe ahora los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México condenan la criminal agresión, ataque yanqui contra la soberanía de Venezuela. Pero ellos mismos lo habían socavado durante años al acusar al gobierno bolivariano de ser autoritario y hasta ilegítimo. De esa manera, perjudicaban la independencia y soberanía de nuestros países al no respetar los principios fundamentales de la autodeterminación del pueblo venezolano y la no interferencia en sus asuntos internos. Por ufanarse de ser grandes demócratas al estilo occidental y no mostrar la solidaridad que demasiado tarde se les ha ocurrido demostrar ahora, los gobiernos de estos países efectivamente facilitaban la criminal agresión económica norteamericana y europea contra Venezuela. Ellos comparten la responsabilidad por la crisis que enfrenta nuestra región en este momento.
La posición de los países de la Alianza Bolivariana de nuestras Américas ha resaltado fuertemente la legitimidad de la Venezuela Bolivariana, la Cuba Revolucionaria y nuestra Nicaragua Sandinista junto con las naciones hermanas del Caribe. Nuestros gobiernos siempre han promovido el respeto para los intereses de las demás naciones y el derecho internacional, la promoción de la paz y la cooperación solidaria. De hecho, el pasado mes de diciembre, el Presidente Nicolás Maduro anunció la reactivación del programa solidario Petrocaribe y otras iniciativas para fortalecer la soberanía energética, alimentaria y sanitaria de los países del ALBA y de la región. Ha sido precisamente el compromiso de los países del ALBA con los principios de derecho internacional del desarrollo soberano de los pueblos que asegura y afianza la incuestionable legitimidad de nuestros gobiernos.
En diciembre de este año se cumplen cuarenta años la Declaración del Derecho al Desarrollo aprobada por mayoría abrumadora en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 1986. No es mera coincidencia que la declaración se hizo en el mismo año en que la Corte Internacional de Justicia condenó al gobierno norteamericano de Ronald Reagan por su campaña de terrorismo contra Nicaragua. La Declaración afirma una esquema de relaciones internacionales que prioriza el derecho al desarrollo socioeconómico de todos los pueblos e identifica la persona humana como el enfoque de ese desarrollo.
Ha sido el Occidente colectivo y sus aliados que han estorbado el progreso e implementación de las medidas para promover ese derecho fundamental. Ahora la República Popular China ha reafirmado el derecho al desarrollo de los pueblos de una manera muy robusta con sus cuatro iniciativas globales internacionales para el Desarrollo, la Seguridad, la Civilización y la Gobernanza. Estas iniciativas refuerzan de manera categórica la Declaración del Derecho al Desarrollo de 1986 la cual consta que todos los países y sus pueblos tienen “el derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”.
En consonancia con este principio básico, la vocera de la Cancillería de China afirmó este pasado 7 de enero, “Creando una esfera de influencia o la creación de confrontación geopolítica no va a hacer un país más seguro, menos traer la Paz al mundo. Es la seguridad cooperativa en común que la sostiene… Venezuela es un Estado soberano y tiene plena soberanía permanente sobre todos sus recursos naturales y actividades económicas”. De la misma manera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha aseverado, “...cada país tiene la soberanía para poder decidir qué hace con sus recursos naturales... Eso es parte de la política exterior de México”.
Lula da Silva, presidente de Brasil, ha declarado, “Repudiamos los ataques contra la soberanía venezolana y rechazamos cualquier visión que pueda implicar la anticuada división del mundo en zonas de influencia”. El presidente ruso Vladimir Putin también ha afirmado de manera categórica la solidaridad de Rusia con Venezuela. Así que hay un amplio consenso en el mundo mayoritario que la agresión contra Venezuela atenta contra el legítimo desarrollo soberano de todas las naciones, lo cual requiere la Paz como condición esencial.
Con su poder político-militar y económico relativo a los países del mundo mayoritario en declive, las forajidas élites occidentales y sus aliados en otros países se hunden más y más en un estéril nihilismo. Sus gobiernos promueven nuevamente sin vergüenza relaciones internacionales a base de la extorsión con amenazas de la destrucción y la muerte, como se ve en todo su horror en Gaza, y aquí en nuestra región en la catástrofe socioeconómica en Haití. La lucha del gobierno bolivariano contra el fascismo del Occidente colectivo y sus aliados exige la solidaridad internacional porque defiende no solamente la legítima autodeterminación de los pueblos sino la Paz que lo hace posible.
Los países con integridad y entereza responden a la intensificación del descarado asalto del régimen norteamericano y sus aliados sobre las normas internacionales del diálogo, el respeto y la igualdad con una renovada urgente afirmación de la Paz como principio fundamental de la legitimidad en las relaciones internacionales. Como lo ha expresado nuestro gobierno “La Paz ha sido profundamente herida y la Familia Humana, la Comunidad de Naciones, los Pueblos del Mundo, urgimos que se reinstale como absoluto reflejo de la Dignidad de los Pueblos”.
