El Plenario de la Asamblea Nacional aprobó, en segunda legislatura, la Ley de Reforma Parcial al artículo 118 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, que establece que las y los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente y los nombrados por la Presidencia de la República, tienen el deber de velar por la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado. 

El artículo vigente ya establece responsabilidades para las y los servidores públicos; sin embargo, la Presidencia de la República consideró necesario precisar y robustecer este precepto, a fin de dejar claramente definida la obligación directa de cada funcionario en la custodia de los bienes del Estado.

La reforma incorpora nuevas medidas orientadas a garantizar una administración más transparente y eficiente de los fondos y recursos públicos.

"Las y los funcionarios públicos elegidos directa e indirectamente y los nombrados por la Presidencia de República, deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado. El incumplimiento de esto es causal, inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia”, refirió la diputada Loria Raquel Dixon.

Por su parte, el diputado Wálmaro Gutiérrez, enfatizó que se han aprobado diferentes reformas a la Constitución Política del país, con las que se logra fortalecer el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica.

“La Reforma del Artículo 118, no puede pasar por alto, dentro de las Reformas importantes que se han aprobado esta merece especial atención, porque la misma muestra que los funcionarios públicos elegidos y los nombrados por la Presidencia de la República deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución, lo que se refiere independencia, la soberanía, la autodeterminación, respeto a dignidad humana, justicia, solidaridad y la cultura de paz en Nicaragua, a eso se refiere cuando los funcionarios deben cumplir, proteger y hacer cumplir estos principios fundamentales, finalizó Gutiérrez. 

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