La Asamblea Nacional aprobó, en segunda legislatura, la creación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), reformando los artículos 159 y 160 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
Con el propósito de contrarrestar y sancionar la corrupción, la Presidencia de la República orientó la conformación de una PGJ que, en coordinación con las instituciones competentes, identifique, procese y penalice a quienes cometan actos en perjuicio del pueblo.
“La Constitución, todas las leyes y todas las instituciones del Estado nicaragüense, que están al servicio de los intereses supremos de la Patria y el Pueblo, deben contribuir a esta campaña permanente contra los delitos y crímenes de corruptos, que pretendan lesionar o seguir lesionando los patrimonios naturales, culturales, materiales, políticos y jurídicos del pueblo nicaragüense”, refirió el diputado Alejandro Mejía, tercer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.
“Por lo tanto, de acuerdo a lo que establece la Constitución y las leyes que rigen el estado nicaragüense, que es del Pueblo, se crea la Procuraduría General de Justicia de la República de Nicaragua, ¡TODOS CONTRA LA CORRUPCIÓN! El Estado nicaragüense, a través de su Procuraduría General de Justicia, no permitirá de ninguna manera disfrazar o encubrir intereses ajenos a nuestro Pueblo, para cometer o seguir cometiendo infames actos de robo y saqueo del erario y los patrimonios del pueblo nicaragüense”, añadió.
Razón por la que los diputados ante la Asamblea Nacional aprobaron la Reforma a los Artículos 159 y 160 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, los que a partir de dicho trámite se leerán de la siguiente manera:
"Artículo 159, la Procuraduría General de Justicia ejerce la representación legal y de defensa de los intereses supremos del Estado y del pueblo nicaragüense; con profundo compromiso revolucionario y patriótico, inspirada en los Principios Constitucionales de Independencia, Soberanía, Autodeterminación Nacional, Seguridad y Paz; en lucha permanente contra la corrupción y la impunidad”, detalló el diputado Wilfredo Navarro, segundo secretario de la Junta Directiva.
“Es la instancia encargada de resguardar el patrimonio público y combatir con contundencia todas las formas de despojo de las conquistas de la Revolución; ejerciendo la función acusadora con rigurosidad y en representación de las víctimas del delito; incluyendo las que aquejan a toda la humanidad, como el lavado de activos, narcotráfico y el crimen organizado”, añadió.
“Artículo 160, la o el Procurador General de Justicia será nombrado por la Presidencia de la República. La Procuraduría General de Justicia contará con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, concluyó.
La Procuraduría General de Justicia estará integrada por todos los Órganos de la actual PGR, incorpora el Ministerio Público y otros Organismos que cumplan funciones similares, para garantizar el resguardo del Patrimonio Nacional del Estado y el Pueblo nicaragüenses.
